Actualmente, la soberanía es un concepto en boga que refiere a la forma en que los estados-nación están justificando políticas de inclusión y exclusión social, en donde la vida y la muerte está de por medio. De la misma forma, la soberanía también se invoca por parte de grupos y movimientos sociales para impugnar políticas y decisiones de los estados-nación sobre la legitimidad del uso de la fuerza en contra de la población. Más aún, en medio de estas tendencias grupos armados pueden ejercer la violencia privada, al margen de la ley pero en directa relación con ella, desafiando soberanías nacionales e imponiendo sus propios regímenes informales (crimen organizado, pandillas, vigilantes, barones de la guerra y la droga, etc.). De una u otra forma, la soberanía de los estados latinoamericanos es un campo de tensión constante, desde el cual se define la legalidad y legitimidad de la violencia y, en última instancia, la seguridad humana. En este coloquio pretendemos debatir sobre las formas en que desde la soberanía estatal se justifican, impugnan o contradicen políticas de seguridad que afectan de una u otra forma los derechos humanos.

Bajo la atención de acuerdos internacionales sobre seguridad y sus constituciones jurídicas, los estados latinoamericanos impulsaron políticas de seguridad para afrontar diversos desafíos y retos en torno a la violencia social. Estas políticas han transformado peligrosamente el modelo tradicional de soberanía y de defensa, mediante nuevos esquemas de policiamiento, militarización, seguridad transnacional y mayor vigilancia social, lo que se ha traducido en severas limitaciones de las libertades civiles, transformando a las personas en sujetos sospechosos que han empoderado y expandido, paradógicamente, aparatos de regulación estatal sin que la seguridad ciudadana mejore. Situaciones de este tipo han dado paso a una ola de violencias indecifrables. La multiplicidad de significados atribuidos a la seguridad se refleja en distintas y contradictorias prácticas y discursos de policiamiento, militarización, justicia por propia mano, etc. Así, la seguridad puede reivindicarse como un síntoma de inseguridades y temores que potencializan métodos más represivos; como una estrategia oficial de salida a una crisis de violencia, reforzando mayores controles o declarando estados de sitio; como una figura de estados en crisis que, sorpresivamente, sirven para preparar terrenos para la seguritización en el nombre de la protección ciudadana.

Este tipo de problemáticas conlleva varios cuestionamientos a las políticas de seguridad implementadas en América Latina ¿Actualmente qué significa hablar de seguridad en contextos de soberanías contenciosas? ¿En qué forma el discurso de inseguridad está contribuyendo a construir entornos de excepcionalidad y seguritización social? ¿Bajo qué modalidades la crisis de derechos humanos por la violencia en manos del estado/crimen está positivizando la necesidad de mayor fuerza o vigilancia en la vida cotidiana? ¿El discurso de la crisis de seguridad ciudadana no es otra forma de hacer legible y más fuerte al Estado? ¿Qué alternativas de seguridad ciudadana o humana podrían ser posibles en contextos de violencia crónica?